Este miércoles en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue aprobada la proposición del Representante por el Departamento de Boyacá, Rodrigo Rojas, mediante la cuál solicitó que se realice un debate de control político con el fin de determinar cuáles son las causas del incremento indiscriminado de accidentalidad en la doble calzada BTS, recaudar cifras oficiales recientes, definir responsables y proponer soluciones a este grave problema que afecta a la población de las principales ciudades boyacenses.

“Las cifras de los índices de accidentalidad de los últimos años en la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS), muestran un incremento verdaderamente alarmante. En esa vía ocurren alrededor de 400 accidentes al año, lo que representa cerca del 80% de los accidentes de tránsito que se registran en Boyacá, que dejan entre 50 y 60 muertos y alrededor de 600 heridos. La situación es tan grave que la doble calzada BIT es considerada una de las más inseguras del país”, sostuvo Rojas en la proposición. 

“Los usuarios de dicho tramo vial permanentemente solicitan el desarrollo de infraestructura como puentes peatonales, glorietas, bermas y variantes que permitan conectar de manera segura zonas veredales, centros poblados, caseríos y garantizar la conexión a servicios turísticos como en el Puente de Boyacá; a centros educativos y funerarios como en el caso de Ventaquemada; a servicios recreativos y deportivos como el ciclismo, el cual reúne un muy alto número de aficionados y practicantes que entrenan a diario por este corredor; así como para el desarrollo de actividades de comercialización de productos agropecuarios, sin riesgos de accidentalidad.”, añadió. 

Dentro de los citados al debate se encuentran el Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Ministra de Transporte, el Superintendente de Puertos y Transporte, el Director de Tránsito y Transporte, el representante legal del Consorcio Solarte – Solarte, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República.