El debate por la exploración y explotación de petróleo no convencional dio otro paso, esta vez en el Consejo de Estado. 

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, celebró la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado, que pretende la nulidad del Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014, por medio de los cuales se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía.

“Creemos que es un buen paso hacia la definición de una agenda jurídica alrededor de este tema. Muy importante, en buena hora su admisión, y esperamos que el Consejo de Estado, con su buen juicio y sabiduría, decida sobre este tema”, afirmó Amaya al referirse a la acción jurídica interpuesta por parte del Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, de Barranquilla.

De acuerdo con Juan Pablo Sarmiento, director del Departamento de Derecho y del Grupo atrás señalado, y citado por la Alianza Colombia Libre de Fracking, la acción de nulidad se ha presentado con el propósito de “asegurar el desarrollo sostenible, presentando las principales evidencias y objeciones planteadas por documentos de trabajo construidos con evidencia científica sobre los riesgos que implica la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente”.

La demanda, igualmente, plantea el principio de precaución, invocado también por el gobernador Amaya en la acción popular interpuesta para frenar la posibilidad de fracking en Boyacá, y el cual pretende adoptar medidas de protección ante tecnologías que podrían crear grave riesgo a la salud humana o el ambiente.

“Queda en manos del Consejo de Estado, creemos en la institucionalidad y esperamos pronto, ojalá, unas medidas cautelares que permitan que se suspenda esta posibilidad en Colombia y que, bajo el principio de precaución, que también invocamos en la acción popular que interpusimos, podamos tener un apoyo de las autoridades judiciales para la preservación de la vida y la sostenibilidad del planeta, de nuestro territorio”, manifestó el mandatario. 

Ahora, la voz la tiene el Consejo de Estado, que tendrá que decidir sobre medidas cautelares que pretenden la suspensión provisional del marco legal de esta técnica, mientras se pronuncia de fondo. 

Los riesgos del fracking  

Según la Alianza Colombia Libre de Fracking, esta práctica conlleva un alto riesgo de afectación al agua.

“De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), esta técnica podría generar la contaminación de cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales. Lo anterior se explica debido a la gran concentración de sustancias químicas que se utilizan en la perforación. Los millones de litros de agua que se utilizarían en esta técnica quedarían irremediablemente contaminados y sería imposible verterlos nuevamente a las fuentes hídricas ya que no existe ningún método en el mundo que permita eliminar los agentes tóxicos y radioactivos de las aguas residuales. Esta situación podría causar una disminución en la disponibilidad de la reserva hídrica nacional”, afirma la entidad precitada.

Añade que “Las afectaciones del fracking a los ecosistemas y en la reducción hídrica pueden generar un aumento en los conflictos socio-ambientales, en busca de un acceso equitativo y sostenible, y asimismo poner en riesgo la gobernanza del agua en el país. Por otro lado, decenas de investigaciones científicas producidas por universidades, institutos y entidades prestigiosas en todo el mundo advierten del incremento de la sismicidad que se generan con la reinyección de aguas de producción en la actividad petrolera, actividad requerida en los pozos de fracking”.