En el Congreso de la República se aprobó conciliación de reglamentación de la JEP, Justicia Especial para la Paz, con modificaciones que no convencen del todo a sectores que han estado muy cerca del proceso de Paz en Colombia. La decisión se da en medio del pulso político librado entre el presidente Juan Manuel Santos y el mandatario electo, Iván Duque, quien propuso modificaciones al texto aprobado.

Los cambios propuestos por el partido uribista Centro Democrático incluyen el no poder decidir sobre la extradición de los implicados en el conflicto armado que se sometan a ese alto tribunal.

En plenaria se presentaron tres escenarios:

1. Que no haya acuerdo entre el Gobierno y la subcomisión y se hunda la iniciativa, lo que significaría que la JEP funcionará a su manera.

2. Que haya acuerdo y en la deliberación sobre el tema de la extradición y de los militares gane la propuesta del Centro Democrático, ya que sus mayorías están más consolidadas.

3. Que haya acuerdo y se apruebe la iniciativa sin los dos cambios adicionales, lo que le daría un respiro al Ejecutivo y podría en funcionamiento a la JEP.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo en su cuenta de Twitter que "las ganadoras con esta decisión, son las víctimas".

Entre tanto, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, dijo a periodistas que recibe la aprobación de esas normas con "tranquilidad" y "serenidad". Sobre los cambios introducidos en el Senado, manifestó que habrá que esperar las consecuencias.

Las voces desde la Región

Carmenza Muñoz Moreno, autora del libro "Rosas de la Guerra", en el que cuenta la historia de las mujeres en el conflicto armado en Colombia, dijo para Energía Positiva que, “ el proceso de reconciliación debe enlazarnos a lo vivido en el pasado, al espacio y el medio ambiente; el país necesita recordar el conflicto vivido en todo el país” .

El libro muestra la experiencia vivida por mujeres militantes de las FARC EP en lugares de combate.

Positiva recogió el testimonio de Pablo Emilio Moreno, duitamense y víctima del conflicto, quién fue enfático en afirmar que en Boyacá “hemos llevado sobre hombros una guerra cruzada por parte de todos los principales actores del conflicto. El Departamento ha sido víctima del estado, del paramilitarismo y de las Farc”

Cambios en la JEP

La eliminación del lenguaje de enfoque de género -en ninguna parte aparecerá la ya conocida sigla LGBTI-, se incorporaron los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y el buen nombre para los comparecientes como garantía para investigados, en especial terceros. También se le quita competencia a la Defensoría de Familia.

La policía judicial es de la Unidad e Investigación y Acusación y no de la JEP, de este modo actuará con independencia del tribunal transicional, alejando las críticas de una “fiscalía paralela”. Los informes de macrocriminalidad no pueden ser considerados como única prueba contra un acusado y la pérdida de los beneficios por incumplimiento se amplían para todos los comparecientes.

En el caso de los agentes del Estado, el Ministerio de Defensa podrá intervenir; se contempla que ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y, uno de los puntos más importantes, es que sus acciones se presumen legales. 

Sobre la extradición, el Gobierno concedió que la JEP no pudiera, en ningún caso, “pronunciarse sobre el fondo del asunto ni sobre la responsabilidad de quien fuera solicitado en extradición”, queda únicamente con el derecho de definir la fecha de la comisión del delito, es decir, si fue antes o después de la firma del Acuerdo de paz.

Por último, se agregaron las versiones voluntarias con valor de confesión en los procesos judiciales, asunto que era exclusivo de la Comisión de la Verdad.